Memoria histórica. Canarias aplaude a Garzón

Esther R. Medina / Martín Macho
Santa Cruz de La Palma

Han empezado a «ver la luz» pero persiguen la «claridad absoluta». Las tres asociaciones para la recuperación de la memoria histórica del Archipiélago se muestran satisfechas con la decisión del juez Garzón de elaborar un censo de desaparecidos del franquismo.
H emos sido ignorados durante 40 años de dictadura y 30 de democracia, y ahora, después de tanto batallar, estamos viendo un poquito de luz; esperemos que se llegue al final del túnel y podamos contemplar la claridad absoluta», comentó ayer Balbina Sosa, vicepresidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas (Gran Canaria) en relación al auto que dictó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que solicita información a distintas administraciones y a la Conferencia Episcopal para elaborar un censo de desaparecidos durante la dictadura franquista.
Mercedes Pérez Shwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife y presidenta del colectivo en esta isla, señaló que la decisión del magistrado «ha sido muy oportuna, porque nos da la posibilidad de instar a las instituciones a que cumplan la Ley». Hasta ahora, aseguró, «lo hemos pedido casi por caridad».
Iglesia.
La labor de varios años de intenso y doloroso trabajo de las asociaciones y familiares de víctimas del franquismo está empezando a dar sus frutos. «Albergamos alguna duda, porque todo no depende del juez Garzón, pero es muy relevante que por la vía judicial se solicite este censo», dijo Balbina Sosa, quien resaltó el hecho de que se pida también la colaboración de la Conferencia Episcopal. «Es muy importante que se hayan dirigido a la Iglesia, porque no cabe la menor duda de que en los archivos parroquiales tiene que haber muchos datos», señaló Sosa. «Todos estamos muy contentos y las asociaciones, a través del correo electrónico, nos hemos felicitado mutuamente porque hemos conseguido algo más pronto de lo que esperábamos». Si esta iniciativa de Garzón no se hubiese producido, afirmó Sosa, «nos hubiésemos manifestado».
Pérez Shwartz está satisfecha porque el auto del magistrado se ha dictado a petición de las asociaciones y familiares. «Algunos argumentan que la mayoría de los verdugos del alzamiento nacional -como yo les denomino- han fallecido, y eso es evidente, pero para nosotros poder enterrar y dar dignidad a nuestros muertos necesitamos que el Estado sea responsable subsidiario de esa situación». La presidenta de la asociación tinerfeña recordó que «estamos luchando por reivindicar el nombre de todos los desaparecidos y por darles un entierro justo».
Un plazo de 15 días.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos. Pretende investigar «con mayor rapidez».
3.000 desaparecidos en las Islas.
No hay datos fiables del número de canarios que desaparecieron en el Archipiélago durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica estiman que la cifra puede sobrepasar los 3.000. «Sólo en Tenerife hay más de un millar, aunque existen informaciones contradictorias y debemos seguir indagando», aseguró Mercedes Pérez Shwartz. «Es muy complicado hacer un censo, porque los cuerpos que fueron tirados en bucios, pozos o enterrados, sí se pueden encontrar, pero hay muchos desaparecidos en el mar», dijo. Pérez Shwartz recordó que varios investigadores disponen ya de «más nombres y datos» que «nos permiten seguir trabajando». Insistió en que es «fundamental el apoyo de las instituciones». Apuntó que los archivos militares «pueden tener mucha documentación de interés». La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas presentó en la Audiencia Nacional, en diciembre de 2006, un listado con 200 desaparecidos en el Archipiélago. «Eran los únicos datos fiables que teníamos en aquel momento», aclaró Balbina Sosa. La presidenta de la asociación de La Palma, Aralda Rodríguez, se mostró ayer «contenta» por «tener un juez a nuestro favor». Pidió a la Iglesia que colabore en este censo. «A mi padre lo mataron por dar comida a los hambrientos, como hacía Jesucristo, y ahora yo espero que apoye esta investigación, que no margine a estos desaparecidos».