laopinion.es » Politica . Los desaparecidos en Canarias

Ha llegado la hora, tras la decisión de Garzón, de recuperar el pasado de las víctimas del franquismo y de hacer una cuantificación científica de los cientos de casos ocurridos en Canarias. Fue tan brutal que no hay antecedentes en nuestra historia.

SERGIO MILLARES CANTERO (*) La decisión del juez Garzón de iniciar una investigación judicial acerca de los desaparecidos durante la guerra civil española y la postguerra es una magnífica noticia, no sólo para las diferentes asociaciones de memoria histórica, que han luchado para que se produzca este acontecimiento, sino también para los que llevamos ya hace muchos años investigando en esta materia. Y no es que tengamos esperanzas en la posible vía penal, pero sí creemos que contribuye a reforzar el movimiento social que aboga por la recuperación de la memoria de los desaparecidos, fortaleciendo la insuficiente Ley de la Memoria Histórica y, además, supone para los historiadores de esa época un refuerzo sin precedentes a la hora de determinar las identidades de los desaparecidos así como su cuantificación.
Algunos dirán: "pero, bueno, es que fue una guerra civil y unos y otros mataron por igual". Pues no, hay una gran diferencia entre un bando y otro. Mientras que los sucesivos gobiernos del bando republicano intentaron detener las matanzas que se perpetraban a consecuencia de la desaparición del Estado en los primeros meses de la rebelión, los militares rebeldes tenían un plan premeditado de limpieza política y social desde antes que estallara el conflicto, plan que fue modulado a conveniencia durante la guerra y que durante la postguerra alcanzaría sus cotas más elevadas, con decenas de fusilados legales. En 1939 no llegó la paz, sino la victoria y la revancha.
Por si hay dudas, Canarias es el ejemplo típico de lo dicho anteriormente. Aquí no hubo guerra civil, pero sí una represión brutal contra todos los que se habían significado con la República y los partidos obreros. Miles de personas fueron encarceladas y confinadas en los distintos campos de concentración, cientos fueron asesinadas -fusilados legales o desaparecidas- o murieron en los hospitales a causa de sus condiciones de confinamiento. Fue el terror azul en estado puro, en frío, a mucha distancia del escenario de la guerra, sin que mediaran excusas ante el ruido de las metralletas. Es cierto que la guerra influyó en los ciclos represivos en el archipiélago, de tal manera que el fracaso de la toma de Madrid, a principios de noviembre de 1936, influyó para que los señoritos falangistas y sus testaferros hicieran el trabajo sucio a los militares en La Palma, La Gomera, Tenerife o Gran Canaria. O los desaparecidos de Arucas, Gáldar y Agaete, que probablemente nunca entendieron las instrucciones de Burgos para sembrar el terror ciego en el campo grancanario y, así, pacificar la retaguardia. Cuestiones de estrategia militar. Pero al margen de las cuestiones militares, el proyecto era uno: extirpar del tejido social a aquellos que ponían en cuestión el modelo uniformizador de España. Hubiera guerra o no la hubiera, hubiera o no sacerdotes y monjas asesinados, hubiera o no hubiera un PSOE que se moviera entre la revolución social y la reforma moderada de las instituciones. De cualquier manera, el proyecto de Franco y de los que él representaba era uno y se puso en marcha el 18 de julio.
Pero vayamos al tema principal: el de los desaparecidos en Canarias. Entre 1936 y 1940 cayeron asesinados cientos de canarios, por el mero hecho de defender la legalidad republicana o de haber ostentado un cargo de alguna relevancia en sindicatos o partidos adscritos o en la órbita del Frente Popular. Cuando hablo de asesinados me refiero a dos tipologías básicas. La primera, la de los fusilados, que suman un total de 121 de todas las islas (29 de Gran Canaria, 49 de Tenerife, 6 de La Palma, 6 de La Gomera y 31 de las colonias españolas en África) y que a causa de su resistencia activa o pasiva al golpe fueron condenados a muerte y ejecutados. Es lo que se llamó la justicia al revés, pues se les aplicó la máxima pena por defender la legalidad vigente y en aplicación de un bando de guerra ilegal que formularon los militares rebeldes. Éstos están todos identificados con nombres y apellidos y no hay dudas al respecto. El segundo tipo de asesinados es el que denominamos desaparecidos. Son todos aquellos que fueron sacados de sus casas o de los campos de concentración, asesinados y arrojados a pozos, simas o alta mar, o enterrados en lugares apartados. En su mayoría, y paradójicamente, éstos no tenían causas penales pendientes y eran meros detenidos gubernativos por su adscripción ideológica y política.

cuantificación pendiente
Desde los años setenta del pasado siglo la cuantificación de los desaparecidos en Canarias ha sido motivo de controversia entre los distintos investigadores, fundamentalmente por la ausencia de fuentes fiables que pudieran ayudarnos en nuestra labor. Sumando los fusilados y desaparecidos, unos han hablado de 5.000 muertos, otros de 3.500 y, más recientemente, de 2.500. Pero en los últimos tiempos, y a causa de la labor de distintas asociaciones de la memoria histórica presentes en Canarias, de la que fue pionera la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas (AMHA), podemos acercarnos con mucha mayor fiabilidad a las cifras definitivas de la represión, aunque lamentablemente todavía no son definitivas, pues aún quedan sombras que la investigación de Garzón puede contribuir a aclarar. Los siguientes datos son los que se conocen hasta ahora: Gran Canaria (127 ¿?), Tenerife (¿?), La Palma (47), La Gomera (20).
Pero sabemos por informaciones orales y fuentes indirectas que la cifra de desaparecidos en Gran Canaria es mucho mayor, sobre todo teniendo en cuenta que faltan los barrios obreros de Las Palmas y Telde. Se conoce que en estos lugares las brigadas del amanecer operaron con mucha diligencia pero aún no tenemos cifras ni siquiera aproximadas. En peor situación nos encontramos en Tenerife, pues se saben de nombres puntuales, como el alcalde de Santa Cruz , José Carlos Schwartz, el abogado Luis Rodríguez Figueroa y su hijo Guetón, el poeta Domingo López Torres, el maestro de Arico y su esposa y algunos más, pero desconocemos los nombres de la mayor parte de ellos. Por testigos del campo de concentración de Fyffes, sito en las afueras de Santa Cruz de Tenerife, sabemos que las "sacas" fueron muy numerosas, de tal manera que los presos recuerdan con horror la lectura de los que debían abandonar el campo a las 12 de la noche. Afortunadamente, en diversos lugares de las islas las cifras son casi exactas, como es el caso de La Palma, La Gomera, o los municipios de Arucas, Gáldar y Agaete, sobre todo porque la memoria histórica pervivió y se pudo identificar a los ultimados. No por casualidad, las fosas del Pinar de Fuencaliente en La Palma o los pozos de Arucas ya empiezan a arrojar resultados palpables. Faltaría, quizá, hacer una prospección en la Sima de Jinámar, en Gran Canaria, donde han aparecido en su lecho numerosos restos humanos de aquella época.
Este es el estado de la cuestión ahora, sin crear falsas expectativas ni especular sobre la cifra total de asesinados. Flaco favor les haríamos si frivolizáramos en cuanto al número definitivo, porque lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, asociaciones e historiadores, todos juntos para hacer una cuantificación fiable mediante una base de datos científicamente elaborada. No se trata de minusvalorar el fenómeno represivo en Canarias, porque fue algo tan brutal que no hay antecedentes en toda nuestra historia. Considero que el Gobierno de Canarias y los distintos cabildos tienen algo que decir en esta materia. En Cataluña, desde hace muchos años, la Generalitat creó una comisión para facilitar este trabajo, destinando recursos económicos y humanos. Convendría que aquí se hiciera lo mismo y que no se mirara a otra parte cuando se trata de recuperar este pasado reciente y que, por desgracia, aún no se ha superado. Sólo con la verdad histórica por delante se podrá pasar página.

(*) Director de la revista de historia ´Canarii´ y asesor histórico de la Fundación Juan Negrín