ASOCIACION POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARUCAS. CANARIAS

(Foto: Fernando Ojeda)
Pino Sosa y Balbina Sosa, el historiador Sergio Millares (centro) y Juan Medina Sanabria.

 

Nace la Comisión de Desaparecidos en Canarias y solicita colaboración


A.A. / Agencias
Las Palmas de Gran Canaria

La recién constituida Comisión de Desaparecidos de Canarias solicita la colaboración de aquellas personas que tengan información que pueda servir para esclarecer el número de víctimas en las Islas. El objetivo de la comisión es contribuir a la investigación que realiza el juez Baltasar Garzón.


La Comisión de Desaparecidos está integrada por miembros de asociaciones de memoria histórica y por historiadores y se crea a raíz de la investigación emprendida en la Audiencia Nacional sobre desaparecidos y fusilados en la guerra civil y en la posguerra.


El objetivo es recabar datos contrastados y fiables, según preció su portavoz, Balbina Sosa, también vicepresidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas.


Sosa pidió prudencia respecto a la información dada en Madrid el pasado lunes, a raíz de la entrega en el juzgado de Garzón de una lista de nombres facilitada por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, que incluía la cifra de 2.211 víctimas canarias.


Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón amplió ayer su petición de información a diferentes organismos estatales, entre los que ha incluido a tribunales republicanos de Madrid.
En una providencia, Garzón adopta esta decisión después de que el director del Archivo General de la Administración le comunicara que la información que le había reclamado a principios del mes de septiembre se encontraba en fondos documentales de nueve instituciones distintas. Entre otros, pide de nuevo al abad del Valle de los Caídos el listado de enterramientos en el mausoleo.


El juez pone plazo a la lista
Garzón solicita información de los tribunales de Justicia de Madrid creados «durante la defensa de la capital de España en la Guerra Civil (Jurado de Urgencia, Juzgado especial de la rebelión militar, Tribunal especial de Espionaje y Alta traición, y los tribunales/jurados populares)». Respecto a la solicitud que hizo a la Conferencia Episcopal para que ésta dejara acceder a la Policía Judicial a todas las parroquias de España y conocer así los libros de difuntos, y después de que este organismo le dijera que esa responsabilidad recae sobre los obispos de cada diócesis, Garzón pide que trasladen su solicitud a quien corresponda. Reclama además a las asociaciones de familiares de desaparecidos que aporten en el plazo de una semana un «listado único» para eliminar la posibilidad de que existan «identidades repetidas».


Teléfonos para colaborar con la comisión canaria:
928 60 09 68; 600 603 929; 928 27 32 57; 928 26 17 64; 928 24 20 60 y 646 408 157.

 

 

 

 

La Presidenta y la Viceopresidenta de la Asociación de la Memoria de Arucas señalan a uno de los pozos donde hay desaparecidos. la opinión. 9 de septiembre de 2008

 

En el pozo de las Brujas

El clamor de los aparecidos. 


JUAN JOSÉ JIMÉNEZ Mientras el juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, exige a ministerios, a ayuntamientos, parroquias y registros de camposantos que le remitan información sobre el número e identidad de los desaparecidos durante el franquismo, en Arucas continúan los trabajos del que por el momento es el único pozo del país donde se está trabajando para investigar los restos de represaliados que se cree oculta el de las Brujas. Ubicado en Cardones, Arucas, y de una profundidad estimada en unos 50 metros, según el ingeniero Rafael Peinado, los trabajos se están ejecutando desde hace unos dos meses, y hasta el momento ya se ha culminado la obra civil, que consiste en el brocal y en un pórtico donde se asienta la roldana, sólo a la espera de instalar las reductoras que permitan a los operarios bajar al fondo.
Los indicios hallados al su alrededor, como casquillos de bala y una medalla, sumados al contenido de la tradición oral de la zona, han apoyado la dotación de una subvención de unos 300.000 euros del Gobierno de Canarias, tramitada por el Ayuntamiento de la ciudad, para iniciar la investigación. Arucas, junto con Gáldar y Agaete, suman un número estimado de 103 desaparecidos, según señala el historiador Sergio Millares Cantero.
Millares Cantero, uno de los especialistas en esta materia, considera que en todo el Archipiélago el número de represaliados por los falangistas, entre fusilados y desaparecidos, es de poco más de mil personas. De ellas, unas 400 se localizarían en Gran Canaria, de las ques 120 fueron fusiladas. En Lanzarote se conoce un caso de represaliado, que sin embargo murió en el campo de concentración de La Isleta, mientras que en Fuerteventura no hay constancia de ninguno. En Tenerife es donde se alcanza el mayor volumen de fallecidos, con una cifra de entre 400 y 500 personas; en la isla La Palma medio centenar, localizado en Fuencaliente, y en la de La Gomera en torno a 20. Estos números contrastan con las estadísticas facilitadas en todo el territorio nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha calculado más de 2.500 personas. Millares estima que la iniciativa del juez "es fundamental para poner nombre y apellidos a los desaparecidos".
Del lado republicano en Canarias no hubo represalias, según la misma fuente. En Las Palmas de Gran Canaria gobernó durante una semana el bando republicano y fue en Arucas, Gáldar y Agaete donde se refugiaron al perder el poder. En cualquier caso, asegura el investigador, "respetaron la vida de la gente de la derecha". Pero es cuando los militares pacifican el territorio cuando emprenden "una represión brutal, una represión", subraya, "nunca conocida en el Archipiélago". En el resto de España los republicanos sí participaron también en represalias. Pero sí se conoce el número de fallecidos en manos de la izquierda, que fueron contabilizados, estudiados e identificados durante la dictadura franquista. Existe pues, a criterio de Millares Cantero, "la necesidad de compensar esta carencia de información" con los datos de los muertos por el otro bando.
Hoy en día, tras casi 70 años de los hechos que el juez Garzón exige estudiar, aún quedan personas que los vivieron, sobre todo los del año 1937, testigos de una represión que generalmente comenzaba al caer la tarde. Como Francisco Santana Travieso, de 71 años, miembro de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, e hijo de un desaparecido, que lo fue desde que tocaron un siniestro 19 de marzo de 1937 en la puerta de su casa.